DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Un día como hoy, 25 de noviembre, teniendo en cuenta:
Que este año se celebra el 40 aniversario de la adopción de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en su Preámbulo reconoce explícitamente que las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones y subraya que esa discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana.
Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en vigor en nuestro país desde el año 2008 reconoce en su Preámbulo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación.
Que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica del Consejo de Europa está vigente en nuestro país desde el año 2014.
Que el Objetivo nº 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible persigue poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas.
Que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género explícitamente recoge medidas específicas para abordar la violencia de género contra las mujeres con discapacidad.
La Fundación CERMI Mujeres quiere denunciar públicamente la situación en la que se encuentran miles de mujeres con discapacidad en nuestro país y en todo el mundo que sobreviven a la violencia de género en todas sus manifestaciones: violencia económica, violencia laboral, violencia institucional, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia simbólica…
La violencia contra las mujeres es una violencia estructural que se ceba de una manera muy particular con las mujeres con discapacidad, por lo que cada asesinato de una mujer, cada golpe, cada denuncia presentada por violencia de género es un asunto de estado y así debe ser abordado por los poderes públicos.
Aún hoy, quince años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, seguimos sin contar con datos desagregados por sexo y discapacidad que nos permitan conocer cuál es la prevalencia de la violencia de género contra las mujeres con discapacidad. Conocemos solamente el dato último y fatal de las mujeres con discapacidad que cada año son asesinadas por sus parejas o exparejas: un 10% del total de las mujeres asesinadas, aunque sospechamos que este porcentaje es más alto, ya que muchas de estas mujeres no contaban con la acreditación oficial de su discapacidad.
Seguimos, además, adoleciendo de infraestructuras totalmente inaccesibles para atender a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia y mantenemos intacto nuestro ordenamiento jurídico, a sabiendas de que el artículo 156.2 del Código penal reconoce las esterilizaciones forzosas de mujeres con su capacidad legal modificada, a pesar de que recientemente el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad haya reiterado la recomendación de abolir dicho precepto legal.
Son muchas las cuestiones que un día contra la violencia como el que hoy conmemoramos nos mueven a manifestarnos y exigir una un más:
– La ampliación del concepto de violencia contra las mujeres, que incluya otros tipos de violencias machistas no contempladas en nuestra Ley Integral, como pueden ser las agresiones sexuales, la trata con fines de explotación sexual o las esterilizaciones forzosas y los abortos coercitivos, que deberían estar prohibidos en cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas y del Convenio de Estambul.
– El impulso de protocolos de coordinación entre los principales actores involucrados en el abordaje de la violencia machista: los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, los servicios sociales y sanitarios y las organizaciones sociales especializadas en la materia. En este punto el movimiento asociativo de la discapacidad, y más concretamente las organizaciones de mujeres con discapacidad, pueden desarrollar una labor de acompañamiento fundamental.
– La garantía de accesibilidad universal en los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género, Juzgados de Violencia de Género, campañas contra la violencia de género, folletos informativos… tal y como se recoge en la Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género.
– El desarrollo de acciones de formación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, los servicios sanitarios y servicios sociales en materia de violencia contra las mujeres con discapacidad, para asegurar de esta manera una atención adecuada a estas mujeres víctimas y a sus hijas e hijos.
– La inclusión de la variable de discapacidad en todos los registros oficiales sobre violencia de género.
– La puesta en marcha de una macroencuesta sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad así como mujeres las madres y cuidadoras de personas con discapacidad, que pueda permitir valorar las actuales medidas legislativas, administrativas y políticas generales y específicas para su protección y recuperación de las víctimas, teniendo debidamente en cuenta los riesgos concretos y los factores de vulnerabilidad, como la incapacitación legal, la institucionalización, la pobreza, la ruralidad, la edad y el tipo de discapacidad.
– El impulso de una política dotada presupuestariamente de promoción de la autonomía personal dirigida a mujeres con discapacidad en el marco de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
– El reconocimiento legal de un modelo de apoyos en la toma de decisiones de las mujeres con discapacidad que así lo requieran, dejando atrás definitivamente el modelo basado en la modificación de la capacidad jurídica, que aparece como un obstáculo insalvable a la hora de defender sus propios derechos y acceder a la justicia.
En definitiva, el cumplimiento de todas las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género dotando a dicho pacto del presupuesto necesario para que sea una realidad y no un mero papel mojado.
¡LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD EMPODERADAS, VISIBLES Y DIVERSAS
REIVINDICAMOS NUESTRO DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS!
Ni una menos
